La Monarquía Constitucional





monarquia constitucional

Tras la muerte de Franco, el rey confirmó a Carlos Arias Navarro, nombrado por Franco a la muerte de Carrero Blanco, como presidente del gobierno. Las tímidas medidas reformistas anunciadas por Arias fueron desestimadas desde el principio por todas las fuerzas políticas de oposición al régimen. En julio de 1976, para evitar un deterioro irremediable del proceso político, el rey cesó a Arias y nombró presidente al joven político Adolfo Suárez.

 

La reforma política

 

Con decidida intención, Suárez acometió la disolución del aparato jurídico institucional de la dictadura. La Ley para la Reforma Política, aprobada por las cortes franquistas y refrendada por el pueblo español, tendió un puente entre la autocracia y la vía democrática. Los partidos políticos fueron legalizados, se concedió libertad sindical, lo que supuso la extinción de la CNS y los pilares institucionales del Movimiento fueron desmantelados paulatinamente, dando paso, progresivamente, a unas nuevas instituciones de cariz democrático, que convirtieron a España en un estado de derecho.

 

Las reivindicaciones nacionalistas jugaron un papel decisivo a la hora de establecer el modelo de organización del nuevo estado. Es más, la dinámica democrática hubiera resultado imposible sin tener presentes las reivindicaciones de catalanes y vascos que, desde siempre, habían reclamado la constitución de un estado cuyo marco institucional les reconociera, políticamente y administrativamente, sus respectivas peculiaridades nacionales.

 

La Constitución de 1978

 

Para acabar con el franquismo jurídico, se desarrolló una constitución en cuya elaboración participaron la totalidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. En diciembre de 1978, la constitución fue aprobada por el pueblo a través de un referéndum. Además de diseñar el marco general de la convivencia
democrática, la carta magna, en su artículo 2, reconocía y garantizaba «el derecho a la autonomía a las nacionalidades y regiones de España».

 

La consolidación democrática

 

El reto planteado a la sociedad española con la democratización de las instituciones políticas arrojó un saldo favorable, a pesar de críticos momentos como el intento golpista del 23 de febrero de 1981. El acceso al poder, por primera vez en la historia del país, de un partido socialista, el PSOE, inauguró una nueva etapa en la historia de España.

 

Sin embargo, la democracia española hubo de resolver importantes problemas derivados por un lado de la difícil situación económica y su corolario inmediato (el aumento del desempleo) y por otro la completa satisfacción de los anhelos autonomistas, que dieron lugar a importantes fricciones entre el poder central y los respectivos poderes autonómicos.

 

Con el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, España adquirió un mayor protagonismo en el Viejo Continente y también en Latinoamérica, convirtiéndose en un importante mediador, como se puso de manifiesto en la Cumbre de Guadalajara de 1991, celebrada en México, y en la que el rey Juan Carlos 1 y el presidente del gobierno español, Felipe González, tuvieron un papel relevante. El dinamismo económico de la España de los ochenta, integrada a Europa y en vías de culminar su proceso democratizador, inició su marcha atrás a partir de 1988, al tiempo que continuaba la tendencia a disminuir la tasa de crecimiento y se postergaba la política de austeridad, necesaria para la corrección de los desequilibrios originados por las celebraciones de 1992.

 

La España del 92 convirtió la Olimpíada de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, además del V Centenario del Descubrimiento de América y la capitalidad cultural europea para Madrid, en grandes objetivos nacionales destinados a consagrar la proyección internacional. La esperada apoteosis del año 1992 había mantenido el país en un estado de optimismo generalizado que carecía de base real. Así, la crisis, que siguió al entusiasmo y que exigía un inmediato reajuste del sector industrial, se manifestó contundentemente a finales de dicho año con más de tres millones de parados. Además, el descontento generalizado de los sectores ganadero y agrícola se agravaba con el polémico plan de la regulación del patrimonio hidrográfico, al tiempo que se acentuaba la sequía en determinadas áreas de España.

 

A la crisis económica se sumó también la crisis gubernamental, que reflejaba un cierto desgaste del PSOE, tras años de poder ininterrumpido. Así mismo, la muerte en abril de 1993 de don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos I, mediador y partícipe del proceso democratizador español, cerró un importante capítulo de la historia reciente de España.



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